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martes 12 de enero, 01:00 AM

Silvia Pisani
Corresponsal en EE.UU.

WASHINGTON.- ¿Hay ministro...? ¿Existe todavía la oferta de un nuevo canje de deuda?"

Aun con la enorme degradación que en estos días sufrió el anunciado plan para pagar a tenedores de bonos de deuda argentina en default, muchos de esos enojados inversores prefieren creer que saldrá adelante, persuadidos de que recuperar algún dólar por el lado de los tribunales "será mucho más difícil todavía".

La incierta situación de la deuda es motivo de evaluación en organismos del gobierno de EE. UU., que atendió la queja de inversores norteamericanos afectados.

Para muchos de esos bonistas, el ahora incierto plan gubernamental de constituir el Fondo del Bicentenario abre un resquicio judicial por el que cobrar dinero, ante la posibilidad de que esas reservas sean embargadas para pagar a todos los que se sientan estafados.

Quienes están por esa opción -la de la demanda judicial- son sólo una parte del multifacético conglomerado de afectados que la Argentina, con su millonario default de 2001, cosechó alrededor del mundo.

En las últimas horas, el juez Thomas Griesa, con sede en Nueva York, recibió a varios de ellos para interiorizarse de un eventual embargo.

Estudios jurídicos que asesoran a bonistas sostienen que, apenas salgan de la jurisdicción suiza, las reservas argentinas "son perfectamente embargables" por sus acreedores naturales, entre ellos, los tenedores de bonos de deuda.

Para los bonistas -no para todos- eso no significaría necesariamente el mejor camino para el pago que reclaman desde hace ocho años. Pese a eso, no tendrían opción si, como temen algunos, se cae el nuevo canje.

"La presidenta Kirchner se equivoca cuando pone a todos los bonistas en la misma situación y nos califica a todos de buitres. Eso es una mentira que sirve a su populismo, pero que la lleva a equivocar la estrategia", apuntó Mark Bostford, uno de los tenedores afectados.

El gobierno argentino tenía previsto presentar en los próximos días una oferta para los bonistas que no aceptaron el canje en 2005, por unos US$ 20.000 millones. Al cierre de esta edición, nada de eso estaba claro.

Pese a que no hubo comunicado oficial de cancelación, nadie aquí imagina al ministro de Economía, Amado Boudou, haciendo la visita prevista para pasado mañana. "En estas condiciones, ¿de qué va a hablar? ¿Qué promoción del canje puede hacer?", se preguntaba un banquero.

Por la aceptación está, sobre todo, el fondo Grammercy, con el apoyo de Barclays, Deustche y Citibank, que ayudaron a armar la nueva oferta. El Gobierno espera que la aceptación ronde el 50%. El otro 50% es heterogéneo: hay especuladores, pequeños ahorristas e inversores institucionales. En términos generales, reclaman la totalidad del pago y no una parte. Y a través de la vía judicial, en EE.UU. o en La Haya, como el caso del italiano Nicola Stock.